El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la parte del decreto con la que el Gobierno había frenado la ley que actualiza los fondos, los salarios y las becas de las universidades públicas. Es un fallo de primera instancia y la Casa Rosada ya anticipó que lo apelará.
Clase pública frente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en protesta por el freno a la ley de financiamiento universitario, imagen de archivo. (Reuters, vía TN)
Buenos Aires, 6 de octubre de 2026 – Un juez federal le ordenó este martes al Gobierno nacional que cumpla de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, la norma que obliga a actualizar el dinero que reciben las universidades públicas para pagar sueldos, becas y gastos de funcionamiento. El Poder Ejecutivo la había promulgado en 2025, pero con una frase que dejaba su aplicación en suspenso. Esa frase es la que ahora fue declarada inconstitucional, es decir, contraria a la Constitución Nacional.
Qué decidió el juez
El fallo es del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, uno de los tribunales que resuelven los conflictos en los que es parte el Estado nacional. Cormick hizo lugar a dos amparos —un tipo de demanda rápida para proteger derechos—: uno colectivo, presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades públicas, junto con docentes e instituciones académicas, y otro de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La sentencia anuló la expresión «sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629», incluida en el Decreto 759/2025. Ese artículo de la Ley de Administración Financiera dice que toda norma que genere gastos debe indicar de dónde saldrá el dinero. El Gobierno lo usó para sostener que la ley no podía aplicarse hasta que el Congreso definiera los fondos en el Presupuesto. El juez ordenó al Ejecutivo dictar las normas necesarias para su «cumplimiento inmediato». Es una sentencia de primera instancia, por lo que puede ser revisada por un tribunal superior.
Por qué el juez habló de un veto encubierto
La ley, que lleva el número 27.795, fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025. El presidente Javier Milei la vetó con el Decreto 647/2025, pero Diputados y el Senado insistieron con los dos tercios de los votos que exige la Constitución. En octubre de ese año el Ejecutivo la promulgó, aunque con la condición presupuestaria que impidió ponerla en marcha.
Para Cormick, esa condición fue un «mecanismo extraconstitucional» que funcionó, en los hechos, como un nuevo veto que la Constitución no prevé: cuando el Congreso insiste con dos tercios, el Presidente debe promulgar la ley sin condiciones. El juez señaló además que el artículo 9 de la norma ya dice cómo financiarla, con cambios de partidas y con lo que se recaude por encima de lo previsto, y recordó que el propio Gobierno modificó el Presupuesto por decreto y decisiones administrativas seis veces durante 2025. También citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculó el costo de la ley para 2025 en el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Durante el juicio, el Estado había argumentado que aplicar la ley demandaría más de un billón de pesos y pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
El Gobierno apelará
Desde la Casa Rosada anticiparon que apelarán el fallo en los próximos días. La estrategia judicial está a cargo de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio. En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descartaron negociar con las casas de estudio: «No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar». Según esa postura, como el Presupuesto 2027 ya está en el Congreso, cualquier cambio en las partidas debe discutirse allí.
El fallo se suma a una medida cautelar —una orden provisoria— que el mismo juez dictó en diciembre de 2025 sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles, y que quedó firme en junio, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso del Estado.
La decisión alcanza a todas las universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), con sede en Florencio Varela. Las universidades convocaron a una nueva marcha federal para el 15 de octubre.
