El Juez Federal Luis Armella investiga una megacausa por extorsión y fraude al Estado. Descubrieron miles de kilos de alimentos vencidos en depósitos locales.
Quilmes, 15 de abril de 2026 – Una investigación judicial de dimensiones sin precedentes puso la lupa sobre el manejo de los programas sociales en el sur del Conurbano. El Juez Federal de Quilmes, Luis Armella, encabeza una serie de procedimientos que revelaron una trama de corrupción, extorsión a beneficiarios y un hallazgo indignante: toneladas de alimentos destinados a comedores que terminaron pudriéndose en depósitos clandestinos.
El hallazgo: Comida podrida y acopio ilegal
Durante los allanamientos realizados en diversos galpones de Quilmes, los investigadores se toparon con una realidad escalofriante. Se incautaron más de 2.500 kilos de alimentos en avanzado estado de descomposición. Entre los productos hallados había leche, harina y aceite que nunca llegaron a las mesas de quienes más lo necesitan.
Además del alimento en mal estado, las autoridades detectaron 104.000 unidades de productos secos que estaban retenidas sin entregar. Estos depósitos, vinculados a diversas organizaciones sociales, funcionaban como centros de acopio donde se sospecha que la mercadería era utilizada como herramienta de presión política.
La Megacausa: 213 dirigentes en la mira
La justicia ya notificó la imputación de 213 dirigentes y referentes piqueteros. La acusación principal gira en torno a la «extorsión y fraude a la administración pública». Según las denuncias de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, los imputados exigían retornos de dinero o asistencia obligatoria a marchas bajo la amenaza de dar de baja el beneficio estatal.
En el ojo de la tormenta se encuentra la actual administración local. La investigación busca determinar la responsabilidad de la Intendente Kirchnerista de Quilmes, Mayra Mendoza (actualmente Diputada Provincial en licencia), y de quien se desempeña en la intendencia interina, Eva Mieri. Los fiscales intentan establecer si existió una zona de liberación por parte del municipio para que estas organizaciones manejaran los recursos de manera discrecional y delictiva.
Denuncias que rompieron el silencio
La causa se nutrió de cientos de testimonios de vecinos que se animaron a denunciar en los tribunales federales. Las pruebas incluyen capturas de pantalla, audios de WhatsApp y registros de «planillas de asistencia» que los punteros utilizaban para controlar a los beneficiarios de los planes sociales en los barrios más vulnerables de Quilmes y alrededores.
Ver cómo toneladas de comida se pudren en galpones mientras miles de vecinos pasan hambre es una herida profunda a la dignidad humana. Esperamos que la justicia actúe con celeridad para que los responsables de jugar con la necesidad de la gente den las explicaciones que corresponden. Es hora de que los programas sociales vuelvan a ser de los ciudadanos y no de los intermediarios.
Sebastian Lopez, columnista local.