Procedimiento de la DDI en el marco de la investigación por el plan contra la fiscal.
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires habló este jueves de «gravedad institucional» tras conocerse que dos presos organizaron desde las cárceles un plan para asesinar a la fiscal de Boulogne María Paula Hertrig. No es un rumor de pasillo: hay chats, audios, fotos del domicilio, datos de familiares y allanamientos con tres celulares secuestrados. Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof concentra otra vez las críticas por penales que funcionan como oficinas del delito.
El plan desde Florencio Varela y Campana
Martín Darío Rettori (42) y Ariel Ernesto Libertini (47), líderes de una banda de entraderas con prisión preventiva, se comunicaban por WhatsApp desde la Unidad 31 de Florencio Varela y la Unidad 21 de Campana. En los mensajes evaluaban mandar «una corona de muerto» a la casa de la fiscal o emboscarla a balazos cuando saliera en su vehículo. Compartían números personales —incluidos los de su pareja y su padre—, fotos y movimientos. También usaron herramientas de inteligencia artificial para pedir imágenes de la funcionaria.
Hertrig descubrió las amenazas al analizar un teléfono de una causa anterior y se excusó. El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, impulsó intervenciones; el juez de Garantías N.º 1, Ricardo Costa, libró allanamientos simultáneos. En las celdas secuestraron tres dispositivos. La Justicia reforzó la custodia de la fiscal y apunta a posibles cómplices en libertad.
Celulares en las cárceles de Kicillof
El jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, cargó sin vueltas: «Mientras Kicillof mira para otro lado y pasea por Nueva York haciendo campaña, los penales de la Provincia funcionan como oficinas del delito». Reclamó —otra vez— prohibir los celulares en las cárceles, un proyecto que el PRO dice impulsar desde hace años y que la Provincia mantiene cajoneado. La pregunta es simple: ¿cómo dos internos de máxima seguridad coordinan un homicidio calificado si el Estado provincial no controla ni un teléfono?
La Red de Jueces Penales, con sede en La Plata, remarcó que atacar a quien administra justicia «compromete directamente la independencia y el normal funcionamiento» de las instituciones, y que esa independencia «no es un privilegio corporativo» sino una garantía ciudadana. En criollo: si el delincuente manda desde el penal, el vecino de San Isidro, Boulogne o cualquier distrito queda más solo.
Desidia que pone en riesgo la República
No hay valores cristianos ni orden republicano posibles cuando la cárcel deja de ser límite y se vuelve base de operaciones. Proteger a una fiscal —y a su familia— no es favor personal: es defender la ley frente a quien ya está preso y aun así amenaza de muerte. La Provincia de Buenos Aires bajo Kicillof debe respuestas concretas: celulares fuera de los penales, investigación a fondo y fin del relato que niega la gravedad. Sin eso, la «gravedad institucional» seguirá escribiéndose en sangre ajena.
— Editor General