El Senado firmó el dictamen de la nueva ley de discapacidad, que quedó lista para sancionarse en la próxima sesión. El texto mantiene la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador y el arancel unificado, y reemplaza a la emergencia que vence el 31 de diciembre.

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2026 – Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado firmó este miércoles el dictamen del proyecto aprobado por Diputados, llamado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. El despacho avala el texto sin cambios, por lo que no tendrá que volver a la Cámara baja.

El dictamen reunió una mayoría amplia, con senadores libertarios, radicales, del PRO, peronistas y de fuerzas provinciales. La comisión de Presupuesto la preside el libertario Agustín Monteverde; la de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner, quien afirmó: “El 31 de diciembre vence la ley y es fundamental que le demos sanción. Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”.

Qué cambia para las personas con discapacidad

El cambio central es que el sistema deja de depender de una emergencia transitoria y pasa a un régimen permanente. En la práctica, los beneficios y las prestaciones que hoy existen siguen vigentes, pero con una ley estable que fija cómo se financian y cómo se actualizan.

Las pensiones se mantienen en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) sigue siendo la vía principal para acceder. Además, quien tenga CUD podrá conservar la pensión aunque tenga un empleo registrado o sea monotributista, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. También se garantiza la cobertura de salud del programa Incluir Salud para los titulares de pensiones por discapacidad y por invalidez laboral.

Las palabras clave, en lenguaje llano

La pensión no contributiva es un ingreso mensual que paga el Estado a quien lo necesita sin haber hecho aportes previos, a diferencia de una jubilación. El texto dispone que se actualice por inflación para que no pierda poder de compra.

El nomenclador es la lista oficial de prestaciones, como terapias, transporte, centros de día o escolaridad, con el valor que se paga por cada una. El arancel unificado significa que ese valor es el mismo para todos los prestadores del sistema, sin diferencias según quién cubra la prestación. El proyecto ratifica que esos valores se actualicen de forma automática y periódica según el índice de movilidad jubilatoria, ligado a la inflación.

Reunión en el Salón Azul del Senado por la ley de discapacidad
La reunión de comisiones se realizó en el Salón Azul de la Cámara alta
Los puntos del dictamen que más importan

Para evitar futuros cuestionamientos, el texto detalla las partidas del Ministerio de Salud que financiarán el sistema y prevé compensaciones del Tesoro si no alcanzan. También obliga a que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

Además, incorpora controles más estrictos: la Secretaría Nacional de Discapacidad hará auditorías periódicas cruzando datos con ANSES, ARCA, Renaper y el SINTyS, y podrá suspender un beneficio de manera preventiva ante un incumplimiento objetivo, con notificación previa y un plazo de 60 días para presentar descargos. Si al sancionarse la ley quedaran deudas con prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos en 30 días y cancelarlas dentro de los 90.

Qué pasa si no se sanciona antes del 31 de diciembre

La emergencia vigente vence a fin de año. Por eso el apuro: si la nueva ley no se sanciona antes del 31 de diciembre, el marco que hoy sostiene las prestaciones perdería vigencia sin un reemplazo aprobado. Con el dictamen firmado y sin cambios, basta con la votación en el recinto para que el texto se convierta en ley.

Hubo planteos en contra del texto, como los de la senadora cordobesa Vigo, que pidió cuatro cambios sobre la actualización de las prestaciones y el nomenclador, pero no fueron incorporados. Modificar el proyecto lo habría devuelto a Diputados muy cerca del cierre del período ordinario, previsto para el 30 de noviembre.

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