El gobierno bonaerense analiza restringir la circulación de motos con acompañantes en ciertas zonas y horarios, buscando reducir delitos. La iniciativa genera controversia y críticas por su implementación selectiva y tardía.
En una reciente conferencia de prensa, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anunció que el gobierno de Axel Kicillof evalúa prohibir que dos personas circulen en una misma moto en determinadas áreas y franjas horarias de la provincia. La medida, enmarcada en la Ley “Antimotochorros” de 2019, busca prevenir delitos cometidos por motochorros.
La propuesta contempla que la restricción se aplique por zonas y horarios específicos, a solicitud de los intendentes municipales. Alonso destacó que la implementación será focalizada, priorizando áreas con altos índices delictivos, especialmente en el Conurbano bonaerense.
La Ley “Antimotochorros”, sancionada en 2019, establece la posibilidad de limitar la circulación de motos con acompañantes y obliga a los conductores a exhibir la patente en el casco y el chaleco. Sin embargo, estas disposiciones no se han cumplido de manera efectiva hasta la fecha.
La iniciativa ha generado críticas por parte de ciudadanos y expertos en seguridad, quienes cuestionan la eficacia de la medida y su impacto en la movilidad de trabajadores y familias que utilizan la moto como medio de transporte. Además, señalan que la inseguridad requiere soluciones integrales y no medidas aisladas.
La inseguridad requiere soluciones integrales y no medidas aisladas.
En este contexto, resurge el debate sobre las declaraciones pasadas del gobernador Kicillof, quien en ocasiones anteriores minimizó la inseguridad considerándola una “sensación” promovida por los medios de comunicación. La actual propuesta parece contradecir esa postura, evidenciando un cambio en la percepción oficial sobre la problemática.
La seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida que requiere acciones coherentes y sostenidas en el tiempo. La implementación de medidas efectivas y el cumplimiento de las leyes existentes son fundamentales para recuperar la confianza de los bonaerenses en sus autoridades.