El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron este viernes en París la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión. El solicitante principal podrá pedir la ciudadanía argentina con un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o suscribiendo un título público de US$800.000 creado para el programa. Las solicitudes se abrirían en el cuarto trimestre de 2026. El desembolso no alcanza: la Dirección Nacional de Migraciones aprueba o rechaza cada pedido.
Javier Milei en la apertura del Argentina Week, en la embajada argentina en París, el 1 de octubre de 2026. El programa de ciudadanía se anunció al día siguiente, en la misma gira. (Presidencia de la Nación)
París, 2 de octubre de 2026 – La presentación fue el tercer y último día del Argentina Week, en la embajada argentina en Francia, durante la visita del presidente Javier Milei. No la hizo el presidente: la difundieron Caputo y Santilli. El comunicado del Ministerio de Economía la enmarca en la apertura del país y en reformas para atraer capitales. Los recursos, dice el texto oficial, irán a «continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina».
Cuánto y quiénes
Hay dos vías para el solicitante principal. La primera es un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro. La segunda, suscribir un título público de US$800.000 armado para este programa. El comunicado no precisa plazo ni tasa de ese título. La Tercera, que retoma el despacho de agencia, consignó que debería mantenerse siete años.
También pueden pedir la ciudadanía el cónyuge y los hijos, si acreditan el vínculo y pagan lo previsto. Cónyuge e hijos de 18 a 25 años, solteros y sin hijos: US$100.000 cada uno al Tesoro. Menores de 18: US$25.000. El ejemplo oficial de una familia tipo —solicitante, cónyuge y dos hijos menores— suma US$500.000, que coincide con la vía del aporte (350.000 + 100.000 + 25.000 + 25.000). El texto no aclara si, en la vía del bono, los familiares suman esos montos aparte.
Todos los fondos deben pasar por el sistema financiero formal y cumplir normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. Caputo dijo, según Ámbito, que se incorporarán estándares de debida diligencia y gestión de riesgos alineados con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). El Gobierno informó que lo asesoran firmas internacionales de migración por inversión.
Quién decide
La evaluación la lidera la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, creada por el decreto 366/2025 en la órbita de Economía. Intervienen, entre otros, la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), la UIF (Unidad de Información Financiera) y los ministerios de Seguridad y del Interior. El proceso incluye identidad, origen lícito de los fondos, análisis patrimonial, riesgo jurisdiccional, antecedentes penales y reputacionales, e historial migratorio. La Agencia recomienda; Migraciones resuelve.
La base legal es anterior al anuncio de París. El decreto 366/2025, del 28 de mayo y publicado el 29, modificó la Ley de Ciudadanía N° 346: son ciudadanos por naturalización los extranjeros que acrediten una inversión relevante «cualquiera sea el tiempo de su residencia». El Ministerio de Economía define qué inversión es relevante. El decreto 524/2025 fija que, recibido el informe de la Agencia, Migraciones tiene 30 días hábiles para otorgar o rechazar la ciudadanía por acto fundado. El comunicado del viernes no dice si el trámite exige presentarse en el país.
Qué dijeron y qué no
Caputo afirmó en París, según La Tercera, que «el pasaporte argentino es un pasaporte que realmente se utiliza muy bien, es aceptado en más de 140 países», y aludió a destinos que se visitan sin visado previo, desde China y Rusia hasta el espacio Schengen y gran parte de América Latina. En los considerandos del decreto 366/2025 el propio Gobierno había escrito que con pasaporte argentino se puede ingresar a más de 170 países sin visado. No es lo mismo que un derecho automático a vivir y trabajar en cualquier país de América del Sur: el sitio del Mercosur limita la residencia por nacionalidad —temporaria de hasta dos años y luego permanente, con igualdad de trato laboral— a los nacionales de un Estado parte en otro Estado parte.
Sobre el programa, Caputo dijo que «este será un canal más a través del cual podremos vender Argentina al mundo», según La Tercera. Santilli habló de «la Argentina que abre los brazos, que supo ser grande muchos años atrás» y de un país que «les abre las puertas a todos aquellos que quieran desarrollar, invertir, construir y crear un mundo más próspero y más grande», de acuerdo con la enviada de Ámbito. El comunicado oficial no identifica países de origen de los postulantes. France 24 consignó que Caputo ubicó el origen de la idea en la visita de Milei a Sun Valley, Idaho, en julio de 2024, cuando ejecutivos tecnológicos pidieron la ciudadanía argentina.
El antecedente europeo
La Tercera señaló que el anuncio llega después de que la Unión Europea y Estados Unidos presionaran a otros países para endurecer o cerrar esquemas parecidos, considerados vulnerables a evasores y a personas buscadas por la Justicia. El TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), en la sentencia del 29 de abril de 2025 (asunto C-181/23, Comisión contra Malta), declaró contrario al derecho de la Unión el programa maltés de ciudadanía por inversión: la ciudadanía de la Unión no puede resultar de una transacción comercial a cambio de pagos o inversiones predeterminados. Ese fallo obliga a un Estado miembro de la Unión Europea, no a la Argentina. France 24, con despachos de agencia, ubicó a la Argentina como el primer país sudamericano en sumarse a la corta lista de programas activos de ciudadanía por inversión, en su mayoría de Estados insulares del Caribe. El comunicado oficial no hace esa comparación.
El programa todavía no recibe solicitudes. Economía fijó la apertura para el cuarto trimestre de 2026. Un aporte de US$350.000 o un título de US$800.000 habilitan a pedir la ciudadanía argentina; no la otorgan. La última palabra es de Migraciones, después de los controles de la Agencia, la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad y del Interior.
