Zonas liberadas Kicillof: Florencio Varela, 12 de septiembre de 2026 – La oposición bonaerense endureció esta semana el reclamo contra el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Javier Alonso, por la ola de delitos en el conurbano y por la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil. Pero en Florencio Varela no hace falta mirar el mapa político de La Plata para entender el problema: alcanza con recorrer lo que pasó en las últimas semanas en barrios como San Francisco, La Capilla y zonas aledañas.
Zonas liberadas Kicillof: el discurso oficial y la realidad del barrio
A fines de agosto, Kicillof vino a Varela, inauguró una base de la UTOI junto a Alonso y al intendente Andrés Watson, entregó patrulleros y lanzó una frase pensada para el aplauso: «se acabaron las zonas liberadas en la provincia de Buenos Aires».
Días antes, sin embargo, el mismo distrito había vivido una de las peores postales de abandono. En la trama narco de San Francisco / San Luis, sicarios de la llamada banda de «los Paisa» atacaron a balazos un objetivo equivocado. Murieron los albañiles Ariel Macchi y Franco Javier Herrera; otro joven quedó gravemente herido. La bronca vecinal explotó: unos 200 vecinos movilizaron, prendieron fuego un presunto búnker y en el medio del caos murió a puñaladas Cintia Caballero. Tres muertos, un barrio tomado por el miedo y una pregunta imposible de esquivar: ¿dónde estaba el Estado cuando el narco marcaba el territorio?
Después llegaron demolición de búnkeres, operativos y la captura de alias «Paranacito» en un megaallanamiento en Varela y Quilmes. Bienvenidos esos golpes. Pero no alcanzan para tapar lo esencial: cuando el delito se enquista, la gente termina actuando porque siente que la Provincia llegó tarde.
La Capilla también avisa
En La Capilla, el mes pasado cayó de manera casi casual un prófugo de extrema peligrosidad, con captura internacional, tras un robo a un comercio. Que un sujeto de ese perfil circule por accesos rurales del distrito no es una anécdota: es síntoma. Mientras el gobernador habla de «Estado presente», los vecinos siguen conviviendo con la sensación de que el peligro camina suelto hasta que un hecho menor lo pone bajo la luz.
Presión política… y un freno que beneficia al delincuente
En paralelo, La Libertad Avanza pidió interpelar a Alonso en la Legislatura. El crimen de David Elías Ojeda Vázquez en José C. Paz —baleado por la espalda por una moto— empujó incluso a un municipio del mismo espacio político del oficialismo a exigirle a Kicillof más seguridad. Y encima, apenas entró en vigencia la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una jueza suspendió por 60 días el Régimen Penal Juvenil en la Provincia, argumentando falta de infraestructura.
Más allá de la técnica jurídica, el mensaje político que queda para la calle es demoledor: otra vez se dilata una herramienta pensada para enfrentar el delito juvenil. Otra vez gana tiempo el que delinque. Otra vez las familias honestas esperan.
Ese es el núcleo de la crítica que se le hace a esta gestión: un enfoque que, en los hechos, termina protegiendo más al victimario que a la víctima. Discursos de «prevención», inauguraciones y fotos con patrulleros no reemplazan autoridad, control territorial y consecuencias reales para quien mata, roba o vende droga en la esquina.
Varela no necesita más frases
En Ingeniero Allan y en todo Florencio Varela, los vecinos no piden relatos. Piden que no haya búnkeres a la vista, que no haya sicarios confundiéndose de vereda y que no haya gobernadores anunciando el fin de las «zonas liberadas» mientras el narco sigue escribiendo la crónica con sangre.
La Provincia puede seguir culpando a Nación o inaugurando destacamentos. Mientras tanto, cada funeraria abierta por un joven inocente recuerda una verdad simple: sin orden, no hay comunidad que se sostenga.
Desde ingenierojuanallan.ar seguiremos registrando lo que pasa en nuestros barrios y exigiendo lo que corresponde a quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la gente de bien.