La Agencia Nacional de Seguridad Vial puso en vigencia un manual unificado con requisitos estrictos para los municipios. A partir de ahora deberán demostrar con datos estadísticos reales la existencia de un riesgo crítico de siniestralidad. Se prohíbe la participación de empresas privadas en el cobro de las infracciones.
Ingeniero Allan, 27 de julio de 2026 – Un rotundo cambio en las políticas de control vial promete aliviar el bolsillo de los conductores bonaerenses. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó la implementación de un estricto reglamento técnico para regular los nuevos radares en rutas nacionales de todo el territorio argentino. La medida busca terminar de forma definitiva con los cinemómetros colocados con fines meramente recaudatorios en los accesos urbanos. A partir de esta jornada, las intendencias del conurbano y del interior del país deberán ajustarse a un severo proceso de auditoría estatal.
Estadísticas de siniestralidad obligatorias y aval de infraestructura
El nuevo manual unificado establece que las jurisdicciones locales ya no podrán instalar dispositivos fijos o móviles de manera arbitraria. Los municipios interesados en fiscalizar la velocidad en las trazas nacionales tendrán que confeccionar un riguroso informe técnico preliminar. Este documento deberá ser elevado ante el Observatorio Vial del organismo para certificar los antecedentes de accidentes reales en el tramo. La evidencia objetiva y los datos de siniestralidad del sector serán los únicos factores que determinarán la viabilidad del control.
Asimismo, el trámite administrativo exigirá la presentación de una planimetría detallada de la zona geográfica que se pretende monitorear. Las normativas de tránsito obligarán a desplegar una señalización previa visible que alerte a los automovilistas sobre la presencia del radar. Diversos organismos nacionales, entre ellos Vialidad Nacional, intervendrán en el proceso de inspección para evaluar la factibilidad antes de otorgar el alta formal.
Las comunas que no logren justificar técnicamente la utilidad preventiva de sus equipos fotográficos sufrirán la inhabilitación inmediata de los mismos.
Prohibición absoluta a empresas privadas y personal matriculado
Uno de los puntos más celebrados por los ciudadanos de bien radica en la total exclusión de los intermediarios comerciales en el sistema. El reglamento prohíbe taxativamente que las empresas privadas administren el control, el procesamiento o el juzgamiento de las infracciones de tránsito. Estas delicadas funciones públicas deberán quedar bajo la órbita exclusiva de funcionarios del Estado debidamente designados. De esta forma, se busca desmantelar los polémicos contratos de porcentajes que incentivaban las multas masivas en las rutas.
En sintonía con este ordenamiento, los dispositivos cinemómetros controladores solo podrán ser operados en la vía pública por personal especializado. Los técnicos encargados del manejo operativo de los radares móviles deberán contar con una matrícula oficial emitida por la ANSV. Cualquier acta de infracción labrada por personal no autorizado carecerá de validez jurídica y podrá ser apelada por los conductores.
Registro de equipos homologados y publicación en el Boletín Oficial
Cada cinemómetro que logre superar la rigurosa fase de evaluación técnica será inscripto en un padrón nacional unificado. El Registro Nacional de Cinemómetros Controladores de Velocidad Homologados concentrará la información de las unidades autorizadas para multar. Además, para garantizar la transparencia del sistema, cada nueva habilitación será publicada de forma obligatoria en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional busca asegurar que la fiscalización vial sea una herramienta de prevención y protección para las familias que viajan. El profundo descontento social generado por las denominadas «trampas cazabobos» empujó la puesta en marcha de esta reforma estructural. Las autoridades provinciales recordaron que los radares que actualmente operan fuera de la norma técnica serán considerados ilegales.
La unificación de criterios para el control de velocidad representa un avance fundamental en la transparencia institucional de las rutas del país. Los conductores honestos requerían una protección efectiva frente a los abusos logísticos cometidos en los accesos de las pequeñas localidades. El estricto control sobre la cartelería obligatoria a 500 metros evitará las frenadas bruscas que solían provocar accidentes viales secundarios.
El observatorio de seguridad nacional mantendrá una fiscalización permanente sobre los tótems informáticos instalados en los diferentes corredores turísticos. Desde nuestro portal ingenierojuanallan.ar sostendremos un canal informativo abierto para publicar el listado actualizado de los cinemómetros homologados que tienen sustento legal para labrar actas.